Concurso de acreedores

De Descuadrando

Se denomina concurso de acreedores al procedimiento legal que se origina cuando una persona física o jurídica deviene en una situación de insolvencia en la que no puede hacer frente a la totalidad de los pagos que adeuda. El concurso de acreedores abarca las situaciones de quiebra y las de suspensión de pagos. La regulación legal española de esta materia se encuentra en la Ley 22/2003 del 9 de julio, modificada por el Real Decreto Ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica.

La Ley 22/2003, de 9 de julio, consta de una exposición de motivos, doscientos treinta artículos, agrupados en 9 Títulos, y divididos en 26 capítulos. Y además, tres disposiciones adicionales, dos transitorias y una derogatoria, y treinta y cinco finales.

El procedimiento se divide en las fases que se indican a continuación.

Contenido

Proceso del Concurso de Acreedores

Declaración del concurso

Medidas cautelares, resolución de la fase común, conclusión y, en su caso, reapertura. Abarca el Título I (art. 1-25 de la Ley), e incluye:

Presupuesto subjetivo: Procedimiento para cualquier deudor en crisis, comerciante y no comerciante. Quedan excluidas entidades de derecho público.

Presupuesto objetivo: la insolvencia. Imposibilidad de cumplir regularmente con sus obligaciones exigibles. La insolvencia se amplía a los casos en que sea inminente o futuro estado previsible. Además, se interpreta como económica y no contable.

• Están legitimados el deudor y sus acreedores. El plazo es de 2 meses desde que es conocido el estado de insolvencia.

Procedimiento universal: el carácter universal del concurso justifica la concentración en un solo órgano (el juez) de todas las materias que afectan al patrimonio del concurso (de orden civil o social, medidas cautelares, etc.).

La Administración Concursal

Se recoge en el Título II (art. 26-39), y se establece la configuración del órgano de administración y representación del concurso constituido por la Administración Judicial, y en especial de su estructura orgánica y composición. Es un órgano de auxilio judicial que supervisa el negocio del deudor, que estará formado por un abogado, un economista, auditor o titulado mercantil; y un representante de los acreedores. Además, estos profesionales deben acreditar su formación en materia concursal. En los casos de escasa entidad (procedimiento abreviado) podrá designarse un solo administrador que deberá ser abogado, economista, auditor o titular mercantil. Las funciones se ejercerán de forma colegiada. Cabe destacar que existen numerosas restricciones al nombramiento de administradores concursales. En este título también se desglosan las funciones de los administradores y la elaboración de informes.

Título III (art. 40-73): señala los efectos de la declaración del concurso sobre el deudor, los acreedores, los contratos y los actos perjudiciales para la masa activa. Entre ellos destacan:

a. Efectos sobre el deudor: la declaración del concurso no interrumpe la actividad, el derecho de alimentos, etc.

b. Efectos sobre los socios (sólo aquellos que respondan subsidiariamente de las deudas de la sociedad): la derivación de responsabilidad se atribuye a los administradores judiciales.

c. Efectos sobre los procesos judiciales: paralización temporal de la ejecución de garantías reales, etc.

d. Efectos sobre los contratos: no se aceptan cláusulas de resolución o extinción, el devengo de intereses por pagos aplazados se suspende, etc. Enlace interno: Contrato

Determinación de la masa activa y pasiva

Título IV (art. 74-97): En este título se establece el plazo de presentación (dos meses, prorrogable a tres) y la estructura del informe de la Administración judicial, la composición e inventario de la masa activa, la determinación de la masa pasiva y la forma de anunciar la presentación al Juez del informe de la administración judicial y de la documentación complementaria, así como las posibilidades de impugnación del inventario y de la lista de acreedores. Incluye, asimismo, el contenido del informe de los administradores judiciales y la documentación que se debe adjuntar (inventario de la masa activa, lista de acreedores, etc.). La masa pasiva se define como los créditos contra el deudor que no tengan la calificación de créditos contra la masa (costes judiciales del proceso concursal, alimentos del deudor). En la lista de acreedores se incluye la relación de los reconocidos, la relación de los excluidos y la relación de los créditos contra la masa. En cuanto a la clasificación de los créditos:

a. Créditos con privilegio especial.

b. Créditos con privilegio general.

c. Créditos subordinados.

d. Créditos ordinarios.

Fase de convenio o liquidación

Título V (art. 98-163): se refiere a las fases del convenio o de liquidación, elimina la dicotomía entre la suspensión de pagos y la quiebra en el ámbito mercantil, y sus equivalentes quita y espera y concurso en el orden civil, estableciendo un único procedimiento con dos posibles soluciones: el convenio o la liquidación. Dentro de este procedimiento, tendrá preferencia el convenio, aceptándose su propuesta anticipada por el deudor.

1. Cuando no se solicita la liquidación y no hay propuesta anticipada de convenio por el deudor, se da por finalizada la fase común y comienza la fase de convenio. Dentro de las propuestas de convenio podemos encontrar:

• Quita y/o espera.

• La quita no puede superar el 50% de cada crédito ordinario.

• La espera no puede exceder los 5 años desde la aprobación del convenio.

La Ley, además, prevé situaciones alternativas, como son la conversión de créditos en acciones o participaciones y la conversión de créditos participativos. Además, establece planes de pagos y de viabilidad. Para la aprobación del convenio se hace necesaria su aceptación por la mitad del pasivo ordinario. Más adelante, se producirá el cese de los administradores judiciales, que rendirán cuentas ante el Juez por su actuación.

2. La liquidación: es optativa para el deudor. Si existe posibilidad de cumplir con las obligaciones contraídas, será de obligado cumplimiento. Esta fase tiene una serie de efectos descritos en el art. 145 de la Ley [1]

Calificación del concurso

Título VI (art. 163-175). Esta puede ser: fortuito, culpable o formación de la sección de calificación. En esta última opción, existen unos supuestos de formación, tales como un convenio gravoso para los acreedores, una espera superior a tres años o cuando se da la apertura de la liquidación.

Se calificará de culpable cuando media dolo o se entienda que existe culpa grave del deudor de la insolvencia. Algunas de las numerosas presunciones en este caso son:

• Presentación de documentos falsos.

• No solicitar la declaración de Concurso.

• Incumplimiento del deber de colaboración con el Juez.

La declaración como culpable tiene unos efectos legales, como pueden ser:

• Inhabilitación de 2 a 15 años para administrar bienes propios o ajenos.

• Indemnización por daños y perjuicios.

• Pérdida de los derechos como acreedor del concurso.

Conclusión y reapertura del concurso

Título VII (art. 176-182): establece cuando se puede dar por concluido el concurso. Entre las causas para la conclusión encontramos el acuerdo entre las partes, su no ajuste a derecho, etc.

Título VIII (art. 183-198): se recogen las normas procesales del concurso y el procedimiento del sistema de recursos.

Título IX: establece las normas relativas al Derecho Internacional Privado, y los procedimientos extranjeros de insolvencia.

Véase: Contabilidad en España

Bibliografía

ARROYO MARTÍNEZ, IGNACIO (2013). Ley Concursal. Ed. Tecnos.

Enlaces externos

Ley Concursal (noticias jurídicas)

Para más información visitar: Publicación en el Boletín Oficial del Estado

Vídeo con explicación del Concurso de Acreedores

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