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Plan de Igualdad de género en el trabajo

Introducción

Uno de los principios jurídicos universales con mayor trascendencia y mas ansiado por la sociedad actual es la igualdad y la no discriminación por razón de sexo. La Constitución española establece las pautas obligatorias para que las instituciones públicas estriben dicho contexto.

Los inicios de esta ardua tarea tienen sus orígenes en la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en Diciembre de 1979, y corroborada por España en 1983.

Asimismo, con la entrada de España en la Unión Europea es obligatorio agregar el principio fundamental de la igualdad en todas las políticas y acciones la Unión y sus miembros.

Actualmente, con toda la base jurídica mencionada, lo que se pretende es conseguir la igualdad de oportunidades para que las personas, independientemente de su sexto opten a un trabajo decente. Significa que sea un empleo pagado, productivo y desarrollado en un contexto de libertad, seguridad, equidad y dignidad humana. A través de esto, se establecen una serie de actividades dirigidas a la consecución de cuatro objetivos: Cumplir las normas y promover los principios y derechos básicos en el trabajo; crear más oportunidades para que las personas puedan acceder a un empleo e ingresos dignos; mejorar la cobertura de la seguridad social; Potenciar el tripartismo y el dialogo social.

Objeto de la Ley Orgánica 3/2007

El primer apartado del artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, dice “Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes. Esta Ley tienen por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria”.

En el apartado 2 del mismo artículo, la Ley establece lo siguiente: Principios de actuación de los Poderes Públicos. Regula derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas. Prevé medidas destinadas a eliminar y corregir, en los sectores públicos y privados, toda forma de discriminación por razón de sexo.

El carácter de esta ley es transversal, y por consiguiente, como se establece en el articulo 1, trata de intervenir en las distintas esferas de la vida, pero haciendo mayor referencia al campo laboral, que es donde se expresan mas los derechos y obligaciones de personas publicas y privadas.

Las obligaciones de las empresas

Es en el articulo 45, donde se expresan las obligaciones de las empresas, se establece que dichas instituciones están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso acordar, con los representantes legales de los trabajadores en la forma que se establezca en la legislación laboral.

Esto no ocurre en todas las empresas, ya que como establece el articulo 45, no todas tienen el mismo nivel de exigencia en la creación de planes de igualdad dependiendo básicamente, del tamaño de estas, así como si existe o no convenio colectivo propio:

Las empresas de más de 250 trabajadores y convenio colectivo propio están obligadas a negociar un plan de igualdad. Las empresas sin convenio colectivo propio, independientemente del tamaño de la plantilla, deberán atenerse a las exigencias que su convenio colectivo sectorial les imponga al respecto. Si el convenio sectorial recoge la obligación de que negocien y desarrollen un plan de igualdad, deberán llevarlo a efecto. A falta de previsión en el convenio de sector, las medidas de igualdad que deben negociarse en las empresas de más de 250 trabajadores/as, deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad. Las empresas sancionadas por no cumplir el principio de igualdad de trato, sea cual sea su tamaño, elaborarán y aplicarán un plan de igualdad, mediante negociación o consulta con la representación sindical, cuando la autoridad laboral acuerde sustituir las sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de un plan de igualdad, en los términos que se fijen en el indicado acuerdo.


Disposiciones adicionales

En el punto Diecisiete de la Disposición adicional décimo primera se cambia el apartado 1 del artículo 85 de Estatuto de los Trabajadores incluyendo el siguiente párrafo: “Sin perjuicio de la libertad de las partes para determinar el contenido de los convenios colectivos, en la negociación de los mismos existirá, en todo caso, el deber de negociar medidas dirigidas a promover la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral o, en su caso, planes de igualdad con el alcance y contenido previsto en el capítulo III del Título IV de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres”.


También añade un nuevo párrafo al apartado 2 del artículo 85: “Asimismo, sin perjuicio de la libertad de contratación que se reconoce a las partes, a través de la negociación colectiva se articulará el deber de negociar planes de igualdad en las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores de la siguiente forma: a) En los convenios de ámbito empresarial, el deber de negociar se formalizará en el marco de la negociación de dichos convenios. b) En los convenios colectivos de ámbito superior a la empresa, el deber de negociar se formalizará a través de la negociación colectiva que se desarrolle en la empresa en términos y condiciones que se hubieran establecido en los indicados convenios para cumplimentar dicho deber de negociar a través de las oportunas reglas de complementariedad”.

Derechos, deberes y otras medidas que plasma la ley de igualdad

La ley de igualdad garantiza el derecho a la información, tanto de la representación laboral de los trabajadores como de los propios trabajadores y trabajadoras.

Artículo 47: “Se garantizará el acceso de los representantes de los trabajadores o, en su defecto, de los propios trabajadores, a la información sobre el contenido de los planes de igualdad y la consecución de sus objetivos. Lo previsto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio del seguimiento de la evolución de los acuerdos sobre planes de igualdad por parte de las comisiones paritarias de los convenios colectivos a las que éstos atribuyan estas competencias”.

Artículo 48: Se regula el deber de las empresas de promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, y se especifica que con esta finalidad podrán establecerse medidas “que deberán negociarse con los representantes de los trabajadores, tales como la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de campañas informativas o acciones de formación”.


El comité de empresa tendrá las siguientes competencias: Tendrá derecho a recibir información relativa a la aplicación de la empresa del derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en los diferentes niveles profesionales, así como, en su caso, sobre medidas que se hubieran adoptado para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en la empresa y, de haberse establecido un plan de igualdad, sobre la aplicación del mismo. "Podrá colaborar con la dirección de la empresa en el establecimiento y puesta en marcha de medidas de conciliación”.

Conclusiones

La ley establece la igualdad de trato y no discriminación entre hombres y mujeres, a través de la no discriminación de la mujer en el trabajo. Tiene carácter transversal. Lo más destacado, es que impone a las empresas de manera obligatoria medidas enfocadas para evitar la discriminación laboral entre hombres y mujeres.

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