Principio de libre competencia
La libre competencia se enmarca en el sistema definido por la globalización. Es necesario que los diferentes entes empresariales de todo el mundo se adecuen al gran abanico de tecnologías y posibilidades de producción que el nuevo panorama internacional nos ofrece. La globalización exige un sistema basado en una competitividad a nivel mundial dado que nuestro mundo ha superado las barreras terrestres, marítimas, aéreas e incluso espaciales. Por ello las empresas deben ajustarse a determinados mínimos, estándares, que han de estar prefijados de antemano por un órgano especializado. Todo ello será clave de la eficacia y eficiencia internacional.
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Definición
La libre competencia supone la existencia de condiciones para que cualquier sujeto económico, oferente o demandante, tenga completa libertad de entrar a, o salir del mercado y quienes están dentro de él, no tengan posibilidad, tanto individualmente como en colusión con otros, de imponer alguna condición en las relaciones de intercambio.
Fundamentos de la libre competencia
Partimos de la libertad de decisión de todos los agentes que participan de un modo u otro en el mercado. La libertad de elección tanto del consumidor como para el productor se basa en unas normas de obligado cumplimiento para ambos. Se necesita junto con un reparto eficiente de los recursos con los que una economía cuenta, una serie de condiciones que posibiliten tales circunstancias.
Nos basamos en una serie de incentivos para que las diferentes entidades a nivel global basen su ventaja competitiva por reducción de costes, ampliación de mercado o tecnología. El incremento de la calidad, disminución de precios, ampliación del consumidor con acceso a un mercado más amplio y dinámico que se adecua más a sus necesidades particulares… todo ello contribuye a la producción de unos mejores resultados.
La libre competencia se hace más fuerte por la concurrencia con otros principios de funcionamiento de mercado como la libre información, la definición de los derechos de cada partícipe en el mercado global, garantías de cumplimiento de acuerdos y pactos así como la responsabilidad a terceros por daños y perjuicios causados.
Marco jurídico
Ordenamiento jurídico español
Partimos de la concepción de la libre competencia como una consecuencia de las vertientes de la libertad de empresa, libertad de acceso al mercado. Los poderes públicos evitarán prácticas que puedan afectar a la concurrencia entre empresas. Por ello podemos equiparar la defensa competencial a una necesidad más que a una restricción a la libertad empresarial.
La defensa a la competencia se cruza con el derecho a la libertad de empresa en el artículo 38 de la Constitución española de 1978. En la Ley de la Defensa de la Competencia, de 17 de julio de 1989, se han establecido unas conductas prohibidas en su articulado, en el que se declara la prohibición de todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o en parte del mercado nacional (art. 1.1), así como de la explotación abusiva por una o varias empresas de su posición de dominio en todo o parte del mercado nacional (art. 6).
La actividad administrativa se hará por una doble vertiente:
- Control preventivo, mediante autorización.
- Control correctivo, mediante sanciones
Con estos controles se desarrollan estructuras orgánicas como el Servicio de Defensa Competencial y el Tribunal de Defensa de la Competencia, ordenándose a través de la citada Ley de Defensa de la Competencia.
En la Unión Europea
Este principio en el marco de la Unión Europea tiene como finalidad garantizar el funcionamiento de una economía de mercado como espacio económico único, lo cual se ve potenciado con la idea del mercado interior de la Unión Europea. Su principal ventaja en este punto es su gran mercado geográfico lo que permitirá la especialización y mejora de su producción junto con una importante disminución de costes. La UE se basará en la garantía de la igualdad de mercado que implicará una igualdad de oportunidades entre todos los sujetos del mercado. Dichos objetivos necesitarán de una regulación a través de los mecanismos de protección a la libre competencia que encontramos en el Tratado de la Comunidad Europea.
Además se concibe como un instrumento de política económica que pretende un régimen que garantice que la competencia no será falseada inspirándose en un sistema de competencia practicable, posible y efectiva.
Cabe señalar la vocación social de la Comunidad Europea lo que determina que no sólo se tendrá en consideración la eficacia económica sino también un mayor bienestar social de la población.
Bibliografía
- BERMEJO VERA, J.: Derecho Administrativo (Parte Especial), Edit. Civitas, Madrid, 2008.
- MARTIN MATEO, R.: El Marco Público de la Economía de Mercado, Editorial Thompson-Aranzadi, Navarra, 2003.
- MARTIN RETORTILLO, S. y otros: Derecho Administrativo Económico, Editorial La Ley, Madrid, 1988-1991.
